14 exconcejales quedaron entrampados entre el Tribunal del Atlántico y la Procuraduría, a 4 les negaron los recursos y 1 navega en la Fiscalía

A lo que le han denominado la ‘Jugadita’ del abogado Andrés Coronado, funcionario de la Procuraduría Provincial de Barranquilla, mediado a través del Procurador Jorge Vásquez Subiroz, quien debió igual tener conocimiento y habrían pasado de agache, porque todas alas actuaciones administrativas deber pasar por su despacho y como también debieron pasar los sentimientos hacia el señor Rodrigo Martínez Rodríguez, el Judas del ‘Maletín’ y el resto de los exconcejales.

Pero habría que analizar que este entramado no solo estaría orquestado por el señor Judas Martínez y el resto de los exconcejales entrampados entre el Tribunal del Atlántico y la Procuraduría General de la Nación, tuvo que haber pasado mucho aceite para que el Magistrado Óscar Wilches Donado, haya calificado en su buen saber y entender una falta gravísima a título de dolo a una falta leve, que ‘Orror’ y pasar mucho aceite por la Procuraduría Provincial de Barranquilla, para que el señor que ‘Coronó’, el señor Andrés Coronado, haya estado amnésico o escopolaminado durante el tiempo comprendido entre el 06 de diciembre de 2021 y el 12 de enero de 2022, que debió presentar el recurso de apelación.

Pero, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, ordenó darle traslado a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue al señor Coronado y de igual forma la está investigando su despacho con el fin de determinar lo acontecido y si hubo alguna retribución económica o contractual para tomar estas decisiones a favor del señor Rodrigo Martínez Rodríguez.

Cuanto habría costado esa decisión del Magistrado Wilches para determinar que se estaba en una falta leve, cuando los concejales ni el alcalde están facultados para crear gravámenes, más que el impuesto al deporte había sido eliminado de los tributos por ser de carácter ilegal, siendo estos mismos quienes lo crearon en el 2008 y en el gobierno de Franco Castellanos fue eliminado, es decir, tenían pleno conocimiento que era una impuesto ilegal que vulneró la ley 19 de 1991.

Pero estos señores se colgaron del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reestableció los derechos políticos del señor Gustavo Petro quien fue destituido e inhabilitado en una decisión política del exprocurador Ordoñez, que obedecía a los intereses del señor Álvaro Uribe Vélez, trazado en la sacada del negocio de Aseo Técnico de los señores Vélez del mercado del negocio de las basuras, más no fue una decisión en derecho, y no hubo una responsabilidad disciplinaria demostrada, razones por la que Gustavo Petro demando al Estado, representado en la procuraduría General de la Nación.

El tema de los señores exconcejales tiene un enfoque jurisdisprudencial, fue un decisión en derecho y demostrada su falta disciplinaria y que en ningún momento se vulnero el debido proceso y el derecho a la legitima defensa.

Por lo que podemos concluir que hubo al parecer un gran negociado para una decisión política supuestamente acordada entre el Magistrado Wilches y los funcionarios de la Procuraduría Provincial de Barranquilla, todo un entramado de corrupción que debió costar una fortuna.

Pero es importante aclarar que las decisiones del Tribunal también son demandables porque son actos administrativos que vulneran los preceptos legales y constitucionales que seguramente fueron mediados por un criminal de la función pública, de una mala ‘pulga’, que está filtrando las decisiones jurídicas en los entes judiciales.

Finalmente, se conoció que, a través de la estrategia de revocatoria directa, cuatro concejales buscaban tumbar la inhabilidad y la destitución en su contra. Al respecto, la procuradora Margarita Cabello, declaró improcedentes los recursos de Ruby Puente, Astrid Barraza, Robin Castro y Johnny Pulgar.