Fernando Carrillo adelantará el juicio disciplinario contra el senador Eduardo Pulgar Daza

El Consejo de Estado, a través de la sala de Consulta y Servicio Civil, se pronunció sobre el conflicto de competencias que se había planteado frente al caso del senador Eduardo Pulgar.

El documento del Consejo de Estado señala: “Se debe tener en cuenta que, de acuerdo con el artículo 277 constitucional, la Procuraduría General de la Nación ejerce la vigilancia superior de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive los de elección popular, y, conforme al artículo 25 de la Ley 734 de 2002, los servidores públicos son destinatarios de la ley disciplinaria”.

Y en su parte de conclusiones agrega: “En consecuencia, la sala aclara que la competencia otorgada a la Procuraduría General de la Nación por el artículo 3.° de la Ley 1828 de 2017 debe interpretarse de conformidad con el numeral 6.° del artículo 277 de la Constitución Política y el artículo 7.° del Decreto Ley 262 de 2000, cuyo numeral 21 dice: En este sentido, la competencia para investigar y sancionar disciplinariamente a los congresistas debe entenderse radicada en cabeza del procurador general de la Nación, y no en otra dependencia de la entidad. Finalmente, la sala exhorta al Gobierno nacional, el Congreso de la República y a la Procuraduría General de la República para que den cumplimiento a lo ordenado por la Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia del 15 de noviembre de 2017 y la sentencia de la Corte IDH del 8 de julio de 2020”.

Las pruebas en contra del senador Pulgar incluyen varios audios donde se escucha al congresista hablar de las “200 barras” que, de acuerdo con los testigos de la Corte Suprema de Justicia, serían los 200 millones que se estarían ofreciendo al exjuez –que ahora es testigo en contra del senador Pulgar– y que por razones de seguridad salió del país, pero mantiene contacto a través de medios virtuales con los magistrados a cargo de este proceso.

De esta manera, será la Procuraduría la que continúe con la indagación en materia disciplinaria mientras esta semana la Corte resuelve dónde será recluido el senador, que por el momento sigue bajo investigación, y en tal sentido se programe el juicio disciplinario por lo que el acervo probatorio al igual que la declaración del exjuez ratificando los hechos está en manos del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo.