Alfonso López Michelsen en la cúspide del poder

Cuando regresé a la casa donde me hospedaba, supe por los mismos labios de alguno de los miembros de la familia Muñoz que mi padre volvería al día siguiente por la noche al hotel San Francisco. Y aunque quise disimular mi sensación de alborozo, no pude ocultar la expresión sincera de alegría en el alma por la posibilidad de encontrarme de nuevo con la benévola sombra protectora desde cuando apenas daba los primeros pasos de mi vida. Y con quien siempre sostuve, más allá de mis especiales sentimientos afectivos, una amistad cómplice en los asuntos relacionados con la vida política tanto del país como de la pequeña ciudad en la que había vivido desde mi nacimiento.

Con él, en unas largas conversaciones con sus amigos de las fatigantes campañas por convencer al pueblo de las bondades del partido conservador, había aprendido a amar la historia de mi propia nación: la lucha a muerte de los caudillos desde cuando Santander fue acusado de ser uno de los conspiradores para asesinar a Bolívar durante la noche septembrina en el Palacio de San Carlos, hasta la batalla intensa de Carlos Lleras Restrepo por poner freno a los supuestos excesos del presidente Alfonso López desde las páginas de la revista Nueva Frontera. Había cultivado, con plena consciencia, la costumbre de contar los acontecimientos tal como mi padre me narraba sus experiencias cuando vivía en la capital de la república durante sus años de estudiante en la Universidad Nacional, en un período en extremo turbulento, comprendido entre el colapso final de la hegemonía conservadora bajo la presidencia de Abadía Méndez, hasta sus anécdotas llenas de picardía sobre los asuntos más íntimos de la convención conservadora que terminó por entregar al Partido Liberal el incómodo compromiso de elegir al candidato oficial del Frente Nacional a la presidencia de la República o los recientes acontecimientos relacionados con el gobierno de Alfonso López Michelsen, quien en sus épocas de insumisión había sostenido con una firmeza demoledora la supuesta inconveniencia de poner en práctica las instituciones surgidas del plebiscito del 57.

Ahora, el nuevo mandatario, luego de haber apostatado, en apariencia, de sus antiguas convicciones políticas, se mostraba, ante la opinión pública, como el más acérrimo defensor de las reformas constitucionales adelantadas durante el último tramo de la administración Lleras Restrepo. Y además era, en retrospectiva, uno de los más conspicuos defensores de las consecuencias benéficas del pacto bipartidista, según se le escuchó decir varias veces en la plaza pública durante sus acalorados discursos en la campaña electoral previa a su aplastante victoria en las urnas el día de las elecciones. Sus aportes en materias económicas o relativas a la hacienda pública, las daba a conocer con un gesto inocultable de soberbia desmedida, propio de quien siempre se sintió, en el pequeño mundo de la política local, como uno de los elegidos por la fortuna para llevar en sus manos las riendas del país de sus ancestros.

En efecto, había sido el autor intelectual de la consagración en la constitución política del artículo 122, según el cual, el gobierno podía decretar el estado de emergencia económica cuando las circunstancias así se lo exigiesen, con el propósito de recuperar la estabilidad de las finanzas públicas en casos de gravedad extrema. Y siempre, cuando podía, lo recordaba con insistencia para notificar a todos los estamentos del país, su importancia en los debates del gobierno ante el congreso, para obtener, aunque con serias dificultades, la aprobación definitiva de las reformas sugeridas por la administración presidida en su correspondiente ocasión por Lleras Restrepo.