Capturan al senador Richard Aguilar por disposición de la Corte Suprema cuando fungió como gobernador
Y cuando caerán aquellos senadores que se han robado la plata del Plan de Alimentación Escolar en el Atlántico y han defraudado y apoderado de los recursos de la salud y la educación, ese día habrá fiesta en los cielos.
Al norte de Bogotá el Cuerpo Técnico de Investigaciones dio captura al senador Richard Aguilar por disposición de la Corte Suprema de Justicia, por celebración indebida de contratos y sin el lleno de los requisitos, peculado por apropiación a favor de si mismo y de terceros, al igual que por concierto para delinquir.
Los hechos datan del 2014 y 2015 mediante algunas contrataciones de las cuales habría recibido coimas p0ara otorgar contratos para obras de infraestructura. Las presuntas irregularidades tienen que ver con contratos de obras e interventoría para el reforzamiento del Estadio en la Villa Olímpica de Bucaramanga (2015), obras de mejoramiento en la carretera San Gil–Charalá (2014) y en el corredor vial Agroforestal y Energético (2014), así como labores de mejoramiento en la vía Bucaramanga–Floridablanca (2014).
Exfuncionarios se acogieron al principio de oportunidad y ahora serán sus verdugos
La Fiscalía General de la Nación aplicó principio de oportunidad por presuntas irregularidades en el proceso de contratación de la gobernación de Santander, entre 2012 y 2015, dirigidos por la Secretaría de Infraestructura.
Esta medida cobijará a los esposos Claudia Yaneth Toledo Bermúdez, exsecretaria de infraestructura, y Lenin Darío Pardo Tulido, quien al parecer recibía órdenes de la gobernación para acaparar contratos públicos.
Los implicados tienen imputaciones por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privados y cohecho para dar u ofrecer.
Los exfuncionarios deberán servir como testigos contra Richard Aguilar, actual senador de la Republica, quién presuntamente usó, para provecho propio la celebración de varios contratos de obra en el departamento cuando era gobernador.
Los testigos asegurarían que, por orden de Aguilar, Lenin Pardo y Julián Jaramillo, también funcionario de la gobernación, se habían reunido previamente para acordar los porcentajes que les corresponderían a cada uno de los involucrados, entre ellos el exgobernador y actual senador.
Claudia Toledo y Lenin Pardo también deberán declarar contra Julián Libardo Jaramillo Díaz, funcionario de la gobernación de Santander, quien, asegurarían los testigos, sería el principal encargado de manejar la contratación en el departamento, bajo las órdenes de Aguilar. Jaramillo, presuntamente, pactaba porcentajes para el senador con los contratistas.
Los testigos tendrán que declarar, también, contra Edwin Bastelleros Archila, actual represente a la Cámara por Santander, quien, presuntamente, se interesó indebidamente en el contrato de la construcción del acueducto regional de Landázuri, Santander y, sacó provecho de dicha contratación, apropiándose de recursos públicos.
Los aspirantes deberían testificar que el representante recibió de un contratista la suma de 600 millones de pesos para que le fueran entregados al exgobernador Richard Aguilar, con el fin de que le adjudicaran dos proyectos en obras de alcantarillado en Barichara y Chipará, municipios de Santander. Esta contratación sería a través de la sociedad ESANT. SA.
Otros de los funcionarios públicos y particulares que estarían involucrados son: Edgar Báez Ariza, César Castro Villaveces, Silvia Oviedo Sánchez, Felipe Villamil, Roberto Ardila, Carlos Lopera, Carlos Páez Bayona, Yesica Pérez, Octavio Reyes, Raúl Cardozo, Aureliano Naranjo, Artemio Suárez, Andrés Díaz, y Rubiel Marino Bermúdez.
Por eso es que para estas prácticas utilizan personal de máxima confianza para adjudicar los contratos a sus amigos o recomendados políticos, y para nadie es un secreto que todos esos contratos son direccionados con el fin de darle cumplimiento a algunos acuerdos y apoyos políticos.
