Gobernadora Elsa Noguera investiga aportes al alcalde de Soledad por 2.100 millones contratados con la Fundación Hambre Cero Internacional de Cartagena

De manera extraoficial conocimos que la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera de la Espriella, habría ordenado investigar los aportes hechos al alcalde de Soledad, Rodolfo Ucrós Rosales, por 2.100 millones de pesos contemplados en el convenio No 202000825 firmado entre el doctor Raúl Lacouture Daza, Secretario General de la Gobernación del Departamento del Atlántico y la Secretaria General del Municipio de Soledad, Amalfi María Gaviria Ramos, donde el Municipio aportaría 100 millones de pesos.

Objeto del convenio entre la gobernación del Atlántico y el Municipio de Soledad

El objeto del convenio a ejecutar entre los dos entes territoriales quedó plasmado de la siguiente manera:

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y operativos para coordinar acciones conjuntas con el fin de fortalecer planes, programas y políticas de prevención en materia de convivencia ciudadana en el Municipio de Soledad-Atlántico.

En el presente convenio la gobernación aportó 2.100 millones de pesos y la alcaldía aportaría 100 millones de pesos para ejecutar las responsabilidades adquiridas entre los dos entes territoriales con los fines del Estado.

En este orden de ideas desde la óptica legal y constitucional los convenios interadministrativos están reglados en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, entre otros.

Los convenios interadministrativos se suscriben entre entidades públicas y no con particulares, en tal sentido lo indica el Decreto 1082 de 2015, que literalmente deja de manifiesto el siguiente contexto legal:

 La tipología de contrato interadministrativo fue creada en la Ley 80 de 1993 y aunque esta Ley no la definió ni la desarrolló, el Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional”, califica a los contratos o contratos interadministrativos como aquella contratación entre entidades estatales.   De acuerdo con lo anterior, el contrato o el convenio interadministrativo es aquel acuerdo en el que concurre la voluntad de dos o más personas jurídicas de derecho público con la finalidad de cumplir, en el marco de sus objetivos misionales y sus competencias, con los fines del Estado. Es decir que, los contratos o convenios interadministrativos nominados en la Ley 80 de 1993, están precedidos de un criterio orgánico, pues es necesario que los extremos de la relación contractual sean entidades estatales.  

En tal sentido podemos demostrar que los convenios o contratos interadministrativos solo se pueden firmar entre entidades del Estado y no con particulares, en otros análisis podemos observar que la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera. quien asignó mediante decreto al secretario general Raúl Lacouture Daza, para que firmara el mencionado convenio bajo la supervisión del secretario del interior Yesid Turbay Pereira, que hasta la presente publicación no le ha dado cumplimiento a lo ordenado por el secretario general de la gobernación del Atlántico, Raúl Lacouture Daza.

Este convenio por disposiciones legales debió ser suspendido inmediatamente el gobierno nacional decretó la emergencia sanitaria por la Pandemia del Covid-19, para resguardar y proteger los recursos del Estado, representados en los aportes de la gobernación, quienes hicieron el primer desembolso correspondiente al 20% del valor total del convenio equivalentes a 420 millones de pesos a corte del mes de marzo de 2020, un segundo desembolso a corte del 30 de abril de 2020, por 180 millones de pesos y cuatro pagos bimensuales por 375 millones de pesos, estando desde el mes de marzo en cuarentena obligatoria y posteriormente al cierre del 31 de diciembre plazo de ejecución del convenio en aislamiento social preventivo, la señora gobernadora Elsa Noguera y el señor alcalde Rodolfo Ucrós Rosales, tenían claro que no podían celebrar ningún convenio en medio de la Pandemia del Covid-19, porque no habría forma de ejecutar el mismo en una fase de cuarentena obligatoria, más sin embargo lo suscribieron y se hicieron seguramente los desembolsos correspondientes, lo que podríamos denominar actos de corrupción que contravienen las normas en materia de contratación estatal.

Alcalde Rodolfo Ucrós Rosales, habría incumplido los preceptos legales y constitucionales del convenio suscrito con la gobernación del Atlántico por 2.100 millones de pesos.

La responsabilidad administrativa y gubernamental estaba instruida en que el señor Rodolfo Ucrós Rosales, le diera cabal cumplimiento a lo contemplado en el convenio con la gobernación del Atlántico, pero estando en cuarentena obligatoria era imposible darle cumplimiento a cabalidad a las actividades, programas, proyectos, talleres y demás acciones en torno a convivencia ciudadana, tenía el deber moral de solicitarle a la gobernación del Atlántico suspender dicho convenio o en su defecto terminarlo unilateralmente y cualquier recursos girado debió ser reembolsado al tesoro departamental., cosa que no se habría dado por las circunstancias contractuales adquiridas con un tercero.

En consideración habría una intención marcada del señor alcalde de Soledad, Rodolfo Ucrós Rosales, o en su defecto del exsenador Eduardo Pulgar Daza, su tutor político y al parecer alcalde en la sombra de donde se toman las grandes decisiones contractuales en la ciudad de Soledad, de apropiarse al parecer de los 2.100 millones de pesos, que aportó la gobernación del Atlántico.

Ágilmente o sagazmente el señor alcalde de Soledad, Rodolfo Ucrós Rosales, contrató con la Fundación Hambre Cero Internacional, los 2.200 millones de pesos.

Esta por establecerse si la gobernación del Atlántico hizo los desembolsos respectivos y si este sería el trampolín o la maniobra para poder disponer de los 2.100 millones de pesos del convenio No 202000825.

Tal es el caso que el señor alcalde Rodolfo Ucrós Rosales, contrata con la Fundación Hambre Cero Internacional, representada por la señora Yina Marcela Medina Benavides, los 2.200 millones de pesos, pactados mediante convenio con la gobernación del Atlántico, para desarrollar actividades en materia de convivencia ciudadana .

El alcalde Rodolfo Ucrós Rosales, al no cumplir con el convenio como ente territorial, decidió contratar bajo el amparo del convenio para hacerlo manera directa y obviar el proceso de una convocatoria pública para escoger el contratista en tal caso que la ley se lo permitiera, por el monto tenía que contratar por el sistema de licitación pública.

Otras de las grandes inconsistencias jurídicas es que el alcalde contrató a la Fundación Hambre Cero Internacional, seis meses después de firmarse el convenio con la gobernación del Atlántico, cuando éste debió comenzar a ejecutase desde el mes de marzo de 2020, y el contrato No SG-CD-09-09-2020-001, firmado el 09 de septiembre de 2020, y los pagos fueron dispuestos a cubrir en un anticipo del 20% del valor del contrato, es decir, 440 millones de pesos y el saldo de 1.760 millones de pesos, en pagos parciales a corte del 20 de septiembre, 30 de septiembre, 30 de octubre, 3o de noviembre y 30 de diciembre de 2020.

Se contrató a una fundación que no es idónea y confronta un proceso de responsabilidad fiscal ante la Contraloría Distrital de Cartagena, por un detrimento que supera los 50 millones de pesos, y por cierto registra que al cierre del año 2020, se conoció que el Distrito de Cartagena contrató más de $225 mil millones con Entidades sin Ánimo de Lucro – ESAL, donde el octavo lugar lo ocupa la Fundación Hambre Cero Internacional, la cual tuvo 12 contratos por el orden de los $1.532 millones, sin embargo, en Julio del año 2020, el mandatario de los cartageneros indicó que algunas de estas entidades no fueron ubicadas en las direcciones registradas en la Cámara de Comercio, ejemplo de ello fue la Fundación Hambre Cero Internacional, que celebró más de 3 contratos con el IDER durante el 2019, y que al verificar su ubicación, se toparon con un taller de instalación de cilindros de gas para vehículos.

En contexto el gobierno de Rodolfo Ucrós Rosales, en la vigencia 2020, e inmersos en la Pandemia del Covid-19, la administración se habría enfocado en desangrar las finanzas de Soledad, mediante contrataciones lesivas que van en detrimento fiscal de la ciudad, y por ende serán las autoridades competentes quienes determinen las conductas punibles, disciplinarias y fiscales, en las cuales haya incurrido el señor Rodolfo Ucrós Rosales y su equipo de gobierno.