Hidroituango está dejando por fuera al precandidato presidencial Sergio Fajardo, sería Uribe su verdugo?

El precandidato presidencial por la Coalición de la Esperanza, Sergio Fajardo, militante del Partido Verde, ha sido golpeado por las esferas de poder del expresidente Álvaro Uribe Vélez, dentro del proceso de responsabilidad fiscal ante la Contraloría General de la República, quien ha dejado en firma el fallo de segunda instancia de responsabilidad fiscal por $4,3 billones en el caso Hidroituango. 

Entre los responsables fiscalmente por las irregularidades, según el organismo, se encuentra el exgobernador de Antioquia y actual precandidato presidencial Sergio Fajardo, quien fue hallado responsable fiscalmente, a título de culpa grave.

Según establece la Ley 734 de 2002 o Código Disciplinario Único, derogada por la Ley 1952 de 2019, que entró en vigencia el 01 de julio de 2021, dice: “quien haya sido declarado responsable fiscalmente será inhábil para el ejercicio de cargos públicos y para contratar con el Estado durante los cinco años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente”.

De acuerdo con la normativa, esa inhabilidad solo cesará “cuando la Contraloría competente declare haber recibido el pago o, si este no fuere procedente, cuando la Contraloría General de la República excluya al responsable del boletín de responsables fiscales”.

Así las cosas, de cara a enfrentar la inhabilidad electoral que pondría fin a sus aspiraciones con miras a 2022, el único camino que tendría el precandidato presidencial de la Coalición de la Esperanza sería acudir al Consejo de Estado buscando que se declare la nulidad de ese acto administrativo.

Precisamente, Mauricio Pava, abogado de Fajardo, explicó que, tras la ratificación de la Contraloría, su fallo pasa a control de legalidad por el Consejo de Estado, una instancia que, aseguró, lo llena de tranquilidad: “Las cortes en nuestro país son jueces en verdad ponderados y resolverán esto de manera ponderada. Estamos viendo cómo a Fajardo le impedimos el ejercicio de sus derechos políticos”, declaróel jurista , dejando entrever que ese organismo será mucho más imparcial y ponderado que la Contraloría.

El abogado recordó también que una autoridad administrativa como la Contraloría no puede inhabilitar a personas para cargos de elección popular. Lo anterior, con base en un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, que en septiembre de 2020 determinó que la Procuraduría General, como órgano administrativo que es, no podía restringir los derechos políticos de los servidores públicos elegidos por voto popular y reiteró que, a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos, no es posible destituir e inhabilitar a estos funcionarios a menos que se trate de una consecuencia de un proceso penal.

La investigación de la Contraloría se remonta a 2019, cuando empezó a investigar cómo el proyecto hidroeléctrico había llegado a la contingencia de 2018, cuando el caudal del río Cauca amenazó la integridad física de la presa (que no estaba terminada en ese momento) después de que el sistema de desviación del río colapsara.

A este proceso fiscal se suma la investigación penal que adelanta en contra de Fajardo la Fiscalía, que en marzo pasado le imputó cargos por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato de sustitución de deuda, que dan cuenta de su presunta participación en los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Se trató de un préstamo que Fajardo avaló en 2013, siendo gobernador de Antioquia y que, según el ente acusador, generó pérdidas por $320.000 millones para el departamento. En su defensa, este ha dicho que actuó con trasparencia y que tiene cómo demostrar jurídicamente que no incurrió en ningún tipo de irregularidad.

En este caso no infiere con el tema de Gustavo Petro Urrego, a quien la Procuraduría intencionalmente lo destituyó de su cargo sin contar con los elementos probatorios suficientes y actuando más desde la óptica política.

Es bueno resaltar qu el señor Sergio Fjardo actualmente no ocupa ningun cargo de elección popular y fue investigado posterior a cuando fungió como gobernador de Antioquia, teniendo en cuenta que las investigaciones de responsabilidad fiscal se hacen con posteriorridad a algún tipo de contratación estatal o procedimiento administrativo que cauce un detrimento al Estado.

Pero también es claro que este proceso ha dado pie para que el señor Álvaro Uribe Vélez, que maneja el poder judicial y el señor Contralor es muy cercano al gobierno de Iván Duque, saque del camino al exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo y lo inhabilite de sus aspiraciones políticas de ser precandidato a la presidencia de Colombia, es decir, dicho de otra forma, lo han sacado del camino, siendo Sergio Fajardo, el segundo en intención de votos a la presidencia de Colombia, y es lo que no ha podido hacer o conseguir con Gustavo Petro Urrego.

Pero en última instancia será el Consejo de Estado, quien ratifique o revoque lo actuado por la Contraloría General de la República, para esa instancia ya habrían pasado las consultas de las coaliciones para escoger los diferentes candidatos oficiales a confrontar el debate por la presidencia de Colombia.