La Corte Constitucional ordenó a Duque cumplir con los puntos del Acuerdo de Paz con las extintas Farc

La Corte Constitucional declaró que hay un estado de cosas inconstitucional sobre el punto del Acuerdo de Paz, que habla de las garantías de seguridad que debe brindar el Estado a los excombatientes de las antiguas Farc, en reincorporación a la vida civil. Es decir, el alto tribunal expresó que ha habido una violación masiva y constante a lo pactado en La Habana pues hoy en día hay más de 270 exguerrilleros y firmantes del Acuerdo asesinados, lo que representa una falta grave para la democracia.

Varios congresistas del Partido Comunes -creado a partir de los textos firmados en Cuba-, y militantes del mismo aplaudieron la decisión de la Corte y manifestaron que es la pieza que faltaba en el rompecabezas para asegurar que la estrategia para la reincorporación del gobierno del presidente Iván Duque es fallida.

“Es una decisión importante a favor del Acuerdo de Paz y su implementación es una prueba irrefutable del fracaso de la Paz con Legalidad. Esta declaración de la Corte prueba que el Gobierno omitió la normativa constitucional”, señaló, como lo ha hecho otras veces, Pastor Alape Lascarro, delegado del Partido Comunes en el Conejo Nacional de Reincorporación. Alape agregó que lo que ha hecho la administración de Duque es “una mentira que le ha costado la vida a más de 300 firmantes de la paz”.

Pronunciamiento de la Corte Constitucional

La Sala Plena de la Corte Constitucional acogió y respaldó la ponencia de la magistrada Cristina Pardo que pedía declarar el estado de cosas inconstitucional al punto del acuerdo que habla sobre las garantías de seguridad para una reincorporación integral de los y las excombatientes de la antigua guerrilla y la falta de condiciones dignas para vivir en paz. Con la decisión, la Corte le dio la razón a los exguerrilleros, quienes interpusieron ocho tutelas por separado en la que daban cuenta de este incumplimiento en un contexto de recrudecimiento del conflicto.

la ponencia expone que como los crímenes contra los Ex-Farc se convirtieron en paisaje del día a día, el gobierno del presidente Iván Duque se limitó a escuetos anuncios de investigaciones para dar con los autores de los mismos, pero que quedaban en indagaciones inconclusas.

“El asesinato de una sola de las personas que firmaron el Acuerdo tiene un efecto desproporcionado y exige la acción inmediata y coordinada de todo el Estado (…) debe tenerse en cuenta que a cambio de la desmovilización y del desarme que ya tuvo lugar y se cumplió a cabalidad por parte de las personas que se comprometieron a reincorporarse al tejido social, lo mínimo que ellas esperan es poder hacer ese significativo tránsito de manera confiable y segura para sus vidas e integridad personal”, sustentó la magistrada Pardo.

Así las cosas, esta decisión supone el fin de los pretextos del Gobierno para no velar, o hacerlo de manera parcial, por la seguridad de los excombatientes de las Farc. La ponencia de Pardo ilustra una propuesta para articular los esfuerzos institucionales. Entre otras cosas, expuso que el Gobierno creó una institucionalidad paralela a la del Acuerdo de Paz y dejó de lado la Instancia de Alto Nivel y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, lo que minó el camino para el proceso.