Peló el cobre el concejal Alexander Villar en ‘Comando Político’ e hizo el ridículo ante la opinión pública

El concejal de Soledad, Alexander Villar Rojas, demostró su incapacidad en el conocimiento de temas públicos aún siendo coadministrador no está entendiendo que la prestación del servicio con la empresa Triple A, es una cosa y las facultades entregadas al alcalde para contratar un operador para la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado es otro tema de carácter jurídico y procedimental.

En vergüenza pública quedó el concejal Alexander Villar y expuesto a la burla de los periodistas que dirigen el espacio ‘Comando Político’, entre estos el abogado Fabian Montero quien no quiso ridiculizarlo ante la opinión pública.

El concejal Alexander Villar dijo que no le trasnocha la investigación disciplinaria que aperturó la Procuraduría Provincial de Barranquilla, que duerme tranquilo y no tiene problemas estomacales con respeto a la decisión de la Procuraduiría Provincial de Barranquilla.

Desconoce totalmente el tema de finanzas públicas, presupuesto y responsabilidad fiscal en los actos administrativos y en materia contractual, dejó el malestar de ser una persona neófita en procesos de gobierno muy a pesar de ser un servidor público y responsabiliza a la Procuraduría General de la Nación, de perseguirlo políticamente cuando son ellos (concejales) quienes han vulnerado las normas y leyes en materia presupuestal y contractual lo cual genera unas acciones disciplinarias y penales que ya están en proceso de radicación y actuación procesal.

Como orientación y sin desmeritar a sus asesores en materia jurídica teniendo en cuneta que no todos los abogados conocen de la temática pública y no todos son especialistas en contratación estatal y finanzas públicas en los entes territoriales de ahí su ignorancia en el tema que es materia de discusión.

Por demás emite conceptos erróneos e inequívocos sobre el acuerdo No 000274 de 2022, por medio del cual facultan al alcalde comprometer vigencias futuras excepcionales para contratar un operador que administre los servicios de agua y alcantarillado, señalando que ellos cumplieron con su deber misional y que el problema no es jurídico sino contractual.

En todo proyecto de acuerdo debe estar estipulado el tiempo de ejecución del contrato, las apropiaciones presupuestales para financiar el proyecto y que deben estar contempladas en el marco fiscal de mediano plazo y en las metas plurianuales, como también los márgenes de apropiación sobre los recursos de financiación en este caso los del Sistema General de Participaciones, del sector de agua potable y saneamiento básico.

Si estos requisitos no se cumplen el proyecto no se ajusta a las normas legales y constitucionales y por consiguiente carece de legalidad jurídica, en el caso que nos ocupa la Ley 1483 de 2011, hace referencia a las vigencias futuras territoriales, establece en el literal D del articulo 1° lo siguiente:

‘La autorización por parte de la asamblea o concejo respectivo, para comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo período de gobierno’

Y es notorio que la autorización para comprometer vigencias futuras excepcionales es hasta el 2048, es decir, 25 años, y eso no lo permite la ley.

La Ley 819 de 2003 en el literal C del artículo 12, señala:

‘En las entidades territoriales, queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura, en el último año de gobierno del respectivo alcalde o gobernador, excepto la celebración de operaciones conexas de crédito público’.

Con esto podemos deducir señor concejal Alexander Villar que la ley no es de interpretación sino de aplicación al ordenamiento jurídico y todos los actos administrativos tienen que estar sujeto a éste.

Por consiguiente las autorizaciones de vigencias futuras excepcionales se facultan con aplicación a la vigencia siguiente a su aprobación, es decir, si fueron aprobadas en la vigencia 2022 deben ser con aplicación a la vigencia 2023, para las respectivas apropiaciones presupuestales para cada vigencia fiscal.

Y el 2023 señor concejal Alexander Villar, con todo respecto, pero nos sorprende su ignorancia conceptual y deductiva siendo servidor público y desconozca que todo proyecto de acuerdo debe ser aprobado bajo una sustentación jurídica y el 2023 es el último año de gobierno del señor alcalde de Soledad, Rodolfo Ucrós Rosales, por tanto la ley prohíbe comprometer vigencias futuras en la última vigencia fiscal, esto es lo que vicia de legalidad el acuerdo No 000274 del 17 de junio de 2022.

Para su orientación y para que en una próxima oportunidad no se exponga a la burla pública, asesórese, instrúyase, lea, estudie, y de tal forma pueda conceptuar técnicamente sobre temas de gerencia pública y actos administrativos dentro del contexto legal y constitucional.

Tengan la plena seguridad que la Procuraduría Provincial de Barranquilla, les formulará pliego de cargos por extralimitación de funciones a título de dolo, y la falta calificada como gravísima, porque el desconocimiento de la ley no los exime de responsabilidad. Por cierto la misma responsabilidad disciplinaria y penal que les acarrea a los 14 concejales que aprobaron el mencionado acuerdo municipal, también le atañe al alcalde de Soledad, Rodolfo Ucrós Rosales.

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