22 octubre, 2024

Procuraduría debió separar del cargo a la MinTic Karen Abudinen para resguardar la investigación

La Procuradora General de la Nación, tiene el deber moral de suspender del cargo a la MinTic, Karen Abudinen, para evitar que se interfiera en la investigación.

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En la apertura de investigación disciplinaria la Procuraduría General de la Nación, debió separar del cargo a la ministra de las TIC Karen Abudinen, con todo el acervo probatorio existente, como medida cautelar, esto con el fin de garantizar la no manipulación de las pruebas dentro de la investigación que puedan contrariar la responsabilidad disciplinaria de la titular de la cartera de las TIC.

A juicio del político, todo este entramado entre empresarios y funcionarios públicos para concretar el desfalco y trasladar los más de $70.000 millones de anticipo, con aval del Ministerio TIC. A la visión de Muñoz se sumó la representante a la Cámara, Katherine Miranda, quien señaló que hubo una primera alerta que, para ella, desencadenó después en el escándalo que hoy se conoce. Según su relato, el hecho fue el ingreso de un asesor, Camilo Valencia Suescún, quien salió del MinTic y se le “premió” con un contrato en una entidad adscrita al Ministerio.

La decisión, proferida por la Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público, ordena la práctica de pruebas como realizar la inspección al expediente que adelanta la entidad “relacionado con el contrato estatal de aporte No. 1043 de 2020 suscrito entre el Fondo único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020, para trasladar las pruebas que se consideren pertinentes, conducentes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación, en cumplimiento al principio de economía procesal”.

“No permitiré tachas en mi nombre”, fue lo que dijo en su momento la jefe de la cartera cuando encaró el debate de moción de censura en la Cámara de Representantes. La ministra ha estado en el ojo del huracán por el escándalo relacionado con un contrato por $1.07 billones de pesos que tenía como objeto llevar internet a más de 7.000 colegios ubicados en veredas y zonas rurales del país.

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