Solicitan revocar decisión de libertad a favor de Álvaro Uribe Vélez por parte de la Juez 30
Juez de primera instancia desconoció la oportunidad de equiparar el proceso de la Corte en la Ley 600 a la Ley 906 argumentado por la defensa de Iván Cepeda.
Después de la decisión de la Juez de primera instancia de acceder a los argumentos de la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, de otorgarle la libertad inmediata, por haber pasado el proceso de la Ley 600 a la Ley 906, y que los instancias son diferentes, los defensores de la víctima han señalado en la apelación de la decisión de primera instancia que la Juez 30 de Control de garantías desconoció la actuación de la Corte Suprema de Justicia, lo que llevaría a borrar y comenzar de nuevo el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, lo que tumbaría la indagatoria y medida de aseguramiento que profirió la Corte Suprema de Justicia.
El Juez de primera instancia al desconocer prácticamente las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia estaría llevando el proceso a la impunidad, debido a que el señor Uribe podría interceder ante sus allegados en el poder, siendo éste quien domina el poder en el gobierno de Iván Duque.
Se tiene que continuar desde la última actuación de la Corte Suprema de Justicia, manteniendo la medida cautelar que profirió la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
La defensa del señor Uribe precisó en sus argumentos que se tiene que dar la imputación de cargos y ante un Juez de Control de Garantías por la Ley 906 y por tanto solicitaba la libertad inmediata del señor Álvaro Uribe Vélez.
Ahora hay que esperar que el Juez de Segunda Instancia defina si revoca a decisión de Primera Instancia y mantiene la medida cautelar contra el señor Álvaro Uribe Vélez.
En esta audiencia se ha solicitado que el Juez de Segunda Instancia, se le de traslado a la Fiscalía y Procuraduría sobre la crítica del fiscal Gabriel Jaimes a la Corte Suprema de Justicia, al señalar que se le habría vulnerado el debido proceso y la legitima defensa al expresidente Álvaro Uribe Vélez y la actuación de la Corte estuvo bajo preceptos de ilegalidad.