Álvaro Leyva busca tumbar suspensión de Margarita Cabello por ser una decisión inconstitucional y política

En una tutela de 60 páginas, la defensa del suspendido canciller Álvaro Leyva Durán busca que se anule el fallo por medio del cual fue retirado por tres meses de su cargo mientras se adelanta el juicio disciplinario por las presuntas irregularidades en la licitación de los pasaportes.

Para la defensa de Leyva, encabezada por el abogado Yefferson Dueñas, en el trámite que llevó a la suspensión del cargo mediante el pliego de cargos se le vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y al ejercicio de cargos públicos.

Ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, Yefferson Dueñas Gómez, el abogado del canciller Álvaro Leyva, presentó una acción de tutela en contra de la Procuraduría General de la Nación con el fin de tumbar la suspensión de tres meses impuesta por el Ministerio Público al funcionario.

La defensa del Canciller, hoy suspendido, argumenta que la decisión emitida por Procuraduría “no se adecúa a las exigencias legales ni a los estándares definidos por la jurisprudencia constitucional”.

La Procuraduría, en fallos de primera y segunda instancia, el último firmado por la procuradora Margarita Cabello, consideró que Leyva podría reincidir en conductas que laceren la función pública y, por tanto, consideró suspenderlo provisionalmente, sin derecho a remuneración. Entre las consideraciones del órgano de control está el reproche por la declaratoria desierta de la millonaria licitación, cuando el comité de contratación de la misma Cancillería se mantenía firme en contratar con Thomas Greg. La defensa de Leyva, de otro lado, explica que, al ser una licitación pública, no tenía sentido que a la final solo se presentara un oferente y que, entre las facultades de Leyva, está ordenar el gasto de la Cancillería. Y, en ese cruce de posiciones, la Procuraduría sacó del puesto a Leyva provisionalmente, considerando que evita un peligro futuro.

La defensa de Leyva agregó que hoy es Leyva, pero mañana puede ser cualquier servidor público al que se le vulneren sus derechos. Por tanto, solicitó al juez que, por reparto, conozca el expediente, que anule la disposición de la Procuraduría que lo tiene por fuera del ministerio de las relaciones exteriores. De mantenerse la suspensión, sugiere el abogado de Leyva, se estaría dando vía libre a una especie de “cuota inicial” de un fallo sancionatorio. Esto violaría el debido proceso, dado que Leyva no ha sido sancionado formalmente y apenas su juicio disciplinario iniciará este 15 de febrero.

De un lado, la defensa de Leyva argumentó que “no están acreditadas las condiciones fácticas (es decir, no hay pruebas) que sustenten en el caso concreto, más allá de afirmaciones genéricas e inconexas, por qué la permanencia en el cargo del señor Canciller, mientras avanza la investigación disciplinaria, posibilita la reiteración de una presunta falta”.

Y agregó que: “el ‘patrón de comportamiento’ invocado por la Procuraduría es inexistente. Solo se ha declarado desierta una única licitación de los numerosos procesos contractuales que ha adelantado el Ministerio de Relaciones Exteriores y obedeció a la necesidad de hacer prevalecer la legalidad y evitar la adjudicación en un proceso adelantado con un pliego de condiciones que comprometía en forma grave principios de la contratación estatal”.